El Colegio está participando en el grupo de trabajo creado por el Consejo General para el análisis y entrega de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Función Pública que ahora mismo se encuentra en el Congreso de los Diputados para su tramitación.
Lo que se pretende con la presente ley es sentar las bases de una reforma del régimen de empleo público en la Administración del Estado que traiga consigo la prestación de un servicio orientado a la ciudadanía que optimice el capital humano al servicio de la Administración Pública lo que conlleva disponer de una estrategia de recursos humanos que aborde de forma integral y coherente el ciclo de planificación, selección, gestión y evaluación de esta política pública se podrán abordar con éxito los retos de las administraciones en el siglo XXI.
Teniendo en cuenta los principios inspiradores de esta reforma, contenidos en su exposición de motivos, como son la igualdad de género, la garantía de manera real y efectiva este derecho fundamental en la vida profesional de las mujeres y hombres, la corresponsabilidad y conciliación, la eliminación de cualquier tipo de discriminación, así como en la tolerancia cero a la violencia de género y la violencia sexual en la administración, y teniendo en cuenta que el Trabajo Social es la profesión que tiene las competencias para identificar los principios rectores de las políticas públicas de apoyo a los distintos sectores, desde la estructura colegial consideramos que tenemos mucho que aportar a esta Anteproyecto de Ley.
Los Sistemas Públicos donde hay personal funcionario y laboral son:
- TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
- TRABAJO SOCIAL SANITARIO
- TRABAJO SOCIAL EDUCACIÓN
- TRABAJO SOCIAL FORENSE
- TRABAJO SOCIAL PENITENCIARIO
El Colegio ha creado un grupo de trabajo para este asunto formado por profesionales de Servicios Sociales, Sanidad, Penitenciario y Forense.
Entre las propuestas realizadas por este Colegio al Consejo para su debate junto al resto de colegios están:
-. La inclusión del reconocimiento de planes de igualdad con perspectiva de género
-. Que los puestos directivos sean ocupados de una manera equitativa
-. Discriminación positiva hacia mujeres víctimas de violencia de género
-. El aumento de la ratio en los puestos a personas con discapacidad
-. Que se combata las faltas de acoso y agresiones y que sean consideradas como muy graves. Que se reconozca al personal de la administración pública como agentes de la autoridad
-. Que los tribunales de selección sean obligatoriamente personal de la administración que tengan la misma titulación que el puesto que se oferta.
-. Que desaparezca la distinción entre el Grupo A1 y el A2 y se cree un único Grupo A.
Otras cuestiones como la comprobación de la colegiación para el acceso a la administración, el reconocimiento de los Colegios Profesionales en los órganos de selección, la promoción de planes de formación específicos en el ámbito de la violencia profesional, el empoderamiento del personal para contar con personas más motivadas, cualificadas y comprometidas con la vocación de servicio público, la importancia de creación de comités de ética, etc, ya se han incorporado a las alegaciones finales que se presentarán desde el Consejo.
Seguiremos trabajando este asunto con más reuniones intercolegiales.
