Más allá de las implicaciones lógicas que se desprende de ser Fuente del Maestre el lugar de mi actividad profesional principal, y tratarse de un tema al que mi compañera y yo mismo hemos dedicado muchos esfuerzos en los últimos años, sin que ello se haya traducido en resultados palpables, de la noticia en sí y de su contenido se desprenden muchas cuestiones, relacionadas con nuestra profesión y los sistemas donde nos encuadramos, que no queremos pasar por alto.

En la situación profesional en la que nos contextualizamos, en la que parece que poco a poco se va perdiendo la esencia de nuestro trabajo y esta va siendo fagocitada por la tramitación desaforada de recursos, prestaciones y servicios, noticias como la que nos ocupa nos devuelve de alguna forma a nuestra propia esencia, la necesidad de buscar y ser miembros activos de la comunidad donde trabajamos, y nos sitúa como recursos en sí mismos para aquellos colectivos, personas o grupos de personas que requieren de una ayuda externa y profesionalizada para dar verdaderas respuestas útiles y necesarias ante situaciones  de desigualdad, vulneración de derechos esenciales y atropello de la propia integridad del ser humano.

Con situaciones como estas, ¿qué valor tienen toda esa batería de recursos tales como los bancos de alimentos, mínimos vitales, rentas garantizadas, facilitar el acceso a servicios básicos y universales como la educación y sanidad? Que este titular llegue a ser una realidad lleva consigo: la detección de una situación, contrastarla, conocerla, saber llegar a ella, trasladarla a las entidades y/o órganos competentes para que se pueda intervenir, proponer actuaciones…, y lo más importante y a la vez difícil: hacer que estos órganos nos escuchen y valoren nuestras aportaciones, derivaciones o comunicados con la veracidad y rigor que se nos debe dar como entidad profesional capacitada y con competencia para ello.

Todos y cada uno de estos pasos se hacen especialmente difíciles para nuestro colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales: falta de tiempo, exigencias internas de los servicios y, posiblemente, por qué no decirlo, la desacreditación del propio profesional del trabajo social que es muchas veces valorado como un trabajador a medio camino entre técnico y otra figura poco definida.

En el caso que nos ocupa, esta situación, concretamente. ha sido denunciada desde hace ya más de una década y me consta que ha sido señalada en más de una localidad, sin embargo, el titular llega con demasiado retraso y solo para un caso muy concreto de los muchos que se producen cada año, cuando sabemos que esta realidad se viene produciendo en nuestro propio entorno más cercano y que es detectada desde hace ya mucho tiempo y planteada paralelamente desde más de una localidad.

En este tiempo trascurrido, ¿cuántas de esas niñas son entregadas por dinero a otras familias?  Seguramente muchas más de las que podemos imaginar, niñas, muchas de ellas ya mujeres maduras a pesar de ser muy jóvenes, y que, seguramente, ya estamos atendiendo desde nuestros servicios de manera usual para gestionar cuestiones básicas derivadas de maternidades tempranas y prematuras, escasos o inexistentes recursos económicos, problemas de alojamiento, escolarización de menores etc. Y así se cierra de nuevo ese círculo perverso en el que nos movemos en el trabajo social actual.

Mientras tanto, si no sale la noticia se entiende que no existe esta situación, y si no existe la situación no se actúa sobre esta realidad y, mientras tanto, cambiamos el objeto de la actuación principal por las cuestiones secundarias y derivadas de la anterior y así:  seguimos gestionando recursos, servicios y prestaciones y dejamos que la cuestión esencial siga desarrollándose y produciéndose.

¿Creemos entonces que somos verdaderamente útiles cuando seguimos “amontonando” gestión por gestión en ciertas situaciones mientras dejamos que se produzcan la vulneración de los derechos esenciales? ¿o cuando no ponemos en práctica de forma científica la intervención de los casos y no actuamos sobre la raíz de las cuestiones que abordamos a diario?

En este caso, el titular es muy llamativo y creemos que entra en el espectro de situaciones superadas en nuestra sociedad supuestamente avanzada, pero…  ¿acaso cada uno de nosotr@s no asistimos a casos como?:

• Mayores que no son tratados adecuadamente por sus cuidadores
• Menores que no son atendidos con unas garantías básicas y adecuadas como este caso.
• Usuarios que mantienen actividades ilícitas como medio de vida y que acuden a nuestros servicios sabiéndose con cierta impunidad frente a nosotros.
• Usuarios que buscan nuestra implicación y complicidad para sortear ciertas cuestiones y ganar ciertos beneficios sociales a través de actividades fraudulentas

Cuestiones que, además, cuando son notificadas o trasladadas a entidades especializadas y/o competentes se nos devuelven incluso en nuestra contra o son justificadas convirtiéndose en verdaderas situaciones “bumerán”

Ninguno de nosotro@s se siente cómod@ ni desea acabar siendo una figura relacionada con el control social ni el garante del cumplimiento de las cuestiones más básicas de legalidad social, pero lo que tampoco debemos permitir es normalizar ciertas cuestiones básicas. Es por ello que debemos insistir en que cada una de las partes realice de manera adecuada su misión en “la compleja ecuación“ que llamamos organización social: ciudadanos, instituciones, técnicos, etc.

Realidades como esta hace que sea esencial que el verdadero trabajo social gane presencia en los distintos sistemas. Debemos ganar capacidad técnica, marcar profesionalmente las pautas de nuestras propias competencias y no esperar a que el resto nos las dicten por descarte o bien por una asociación o distorsión de nuestro objeto profesional. Además, debemos marcarnos objetivos claros, y, sobre todo, ganar en credibilidad como técnicos esenciales, no para gestionar prestaciones sino como garantes de derechos fundamentales.

En el caso concreto de estas chicas,  quien tiene la oportunidad usualmente para detectar este tipo de cuestiones suele ser el sistema educativo a través del absentismo de estas a partir de ciertas etapas de su propio desarrollo biológico, sin embargo, el sistema educativo suele  ser un sistema que, con notables y destacadas excepciones, suele moverse en ámbitos muy encorsetados y poco tendentes a notificar ciertas situaciones que atentan contra las cuestiones básicas anteriormente mencionadas: derechos básicos, protección de menores, etc., pero hasta cierto punto aunque inaudito, es entendible, si observamos que la figura del trabajador/a social no está contemplada en el sistema educativo como tal, seguramente porque, como señalé anteriormente, la figura del trabajador/a social ha sido tan manoseada institucionalmente y por nosotr@s mism@s que solamente es entendida si hay detrás una gestión de recursos. Y como el sistema educativo en sí mismo tiene ya unido a él una serie de garantías básicas muy bien marcadas y generalizadas, no se entiende necesaria la inclusión de esta figura. Eso sí, cuando existen ciertas situaciones que desbordan o sobresalen de esa estructura tan rígida anteriormente descrita, entonces se recurre a la figura del trabajador social del SSASB para actuaciones que, dadas las ratios de educación comparadas con la de estos servicios, parece incluso ofensivo el traslado o derivación de ciertas cuestiones tan básicas que deberían ser atajadas desde el mismo sistema.

¿Pensáis qué estas situaciones, que ahora nos ocupan, se seguirían produciendo en tal proporción como la estimada si existieran trabajadoras/es sociales con independencia técnica en el sistema educativo para ejercer como tal?  Seguramente se darían, pero nunca en la dimensión la impunidad que se produce actualmente.

Con todo lo expuesto, no se pretende culpabilizar a entidades, servicios ni a técnicos. Está más que claro que si hay que buscar culpables solo se encuentran en quienes cometen la acción en concreto, pero debe ser observada como hacemos en ciencias sociales; un verdadero indicador más que evidente de que el sistema de protección social se ha desvirtuado demasiado y convertido en otra cosa y es exigible una reflexión más que inmediata y necesaria.

Dicho todo esto, una cuestión a destacar es la necesidad de actuar de manera conjunta bajo unas mismas premisas desde los distintos ámbitos, hacer realidad esa coordinación, que es cada vez más manipulada en su interpelación traduciéndose al final en una llamada de teléfono sin rigor técnico en el que a casi todas las partes les cuesta demasiado poner por escrito y rigor técnico aquello que es de su competencia y que este encaminado a hacer defender los derechos de aquellos a quienes debemos nuestra razón de ser, incluso llegaría a señalar el excesivo celo para, supuestamente, esquivar una posible judicialización de alguna cuestión, acabando en una derivación encubierta de los casos o la fragmentación de los mismos: “Yo me encargo de… y tú tienes que… “¿eso es coordinación?

Por tanto, es esencial la implicación de todos y cada uno de los organismos, servicios, etc.  Y, en especial, toda/os aquella/os trabajadoras/es sociales que ya sean desde las distintas organizaciones no gubernamentales, atención primaria de salud y/o servicios sociales estamos inmersos en la realidad  de ciertas partes de la población que, quizás, vengan pidiendo un recurso concreto: alquiler, ingresos, etc. pero que detrás de su demanda hay una verdadera necesidad de algo que nos hizo dedicarnos al trabajo social , que no es otra cosa que la JUSTICIA SOCIAL.

https://www.hoy.es/prov-badajoz/menores-fuente-maestre-20210715143438-nt.html

Antonio J. Nisa Cuesta
Presidente del COTS de Badajoz