El Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz, ante la implantación del nuevo Ingreso Mínimo Vital, se une al posicionamiento del Consejo General de Trabajo Social y de otros Colegios Profesionales y desea trasladar las siguientes apreciaciones:

En primer lugar, trasladar la preocupación de que entidades locales se encarguen en nuestra región de la gestión de tal prestación, entendiendo que debe ser el INSS el encargado de tal cometido. Por tanto, le corresponde a este organismo poner a disposición de la ciudadanía la infraestructura que requiera tal gestión para que, en cualquier caso, esta tarea meramente administrativa, no recaiga en la estructura de la atención primaria, sea esta de los ayuntamiento o del sistema sanitario, porque entendemos que esta se trata de una tramitación burocrática que no requiere valoración social alguna y, por ello, ampliamente superada por figuras del entorno profesional administrativo, ya que de recaer en los servicios sociales podría colapsar el sistema, no solo con la tramitación ordinaria, sino con la multitud de incidencias que produce este tipo de gestiones que a todas luces cae fuera de nuestra competencia profesional.

Igualmente, se estima muy positivamente la intención de facilitar la tramitación del IMV a través de la administración electrónica, apreciando el que se ponga en valor la necesidad de luchar contra la brecha digital de la ciudadanía, cuestión que debe ser abordada desde la administración responsable de las nuevas tecnologías y no asistir, una vez más, a un ejemplo vivo y observar como cuando desde cualquier parte del sistema surge una circunstancia adversa, estas eluden sus responsabilidades derivándolo al sistema de servicios sociales para que se acometan estas dificultades desde él.

La manifestación de la importancia de esta brecha digital debe hacer replantear cuestiones muy relacionadas con el sistema educativo y otras áreas que se deben planificar de acuerdo con estas manifestaciones y exigencias sociales.

Por otro lado, trasladar el deseo de que, con la aparición en la escena de las políticas sociales de este recurso, se hace necesaria una planificación y replanteamiento del conjunto de ayudas, prestaciones y servicios que venían a cubrir las necesidades básicas del ciudadano, entendiendo que muchas de ellas carecen de sentido, ya que en su filosofía estaba el garantizar el acceso a una serie de suministros básicos  esenciales en nuestra sociedad, que vienen ahora a ser cubiertos a través de esta prestación. Por tanto, con la consolidación del IMV, se debe hacer una construcción más lógica y coherente del conjunto de prestaciones/servicios e, incluso, el objeto social de numerosas entidades del tercer sector que canalizan sus esfuerzos en una dirección que ahora queda cubierta con el ingreso mínimo vital. Consideramos que el planteamiento debe pasar por transformar estas ayudas en servicios complementarios, que no sumatorios, con un carácter favorecedor de la inserción social, más allá del carácter económico.

Aprovechamos para señalar que, a partir de ahora, queda por hacer un gran esfuerzo comunitario y de análisis de casos para lograr compromisos para garantizar el derecho del ciudadano a que sean atendidos en sus necesidades sociales más allá de las económicas, que son las que se cubren, y que se puedan iniciar medidas, acuerdos y planificación de actuaciones que, con carácter trasversal, luchen por la exclusión y la vulnerabilidad social.

En cualquier caso, una vez que valoramos positivamente la medida y aplaudimos el crecimiento como sociedad que supone el Ingreso Mínimo Vital, no es menos cierto que debemos trasladar nuestra preocupación porque este recurso acabe convirtiéndose en un medio de vida y una forma de estar en la sociedad. Tenemos que seguir avanzando y propiciando que cada ciudadano encuentre su lugar social como elemento activo, con todas sus potencialidades desarrolladas y la superación de sus dificultades, no solo las económicas, estas al fin y al cabo se resuelven fácilmente “ con dinero” y basta con una legislación para propiciarlo y hacer valer esto que la ley transforma en derecho. Pero cuando hablamos de vulnerabilidad social hablamos de muchas otras cuestiones que favorecen al ser humano y que van más allá del ámbito económico, hablamos de dotarlo de habilidades personales, herramientas y capacidades y eso también es posible hacerlo, pero hay que propiciarlo y también garantizarlo mediante legislación

Finalmente  y como consecuencia de los riesgos que se exponen en el primer punto del presente escrito, cabe señalar que ahora más que nunca se requiere la estabilización del sistema de protección social, tanto en su parte de atención primaria como especializada y tercer sector, definiendo y contextualizando sus funciones específicas, evitando el que se haga un uso cuasi residual para el resto de sistemas y que sea identificado como el conjunto de servicios destinados a la tramitación de recursos.

Creemos que debe dotarse la estructura de forma coherente, con los perfiles profesionales adecuados, debe dimensionarse su verdadera identidad como sistema, definirse sus objetivos, etc., por lo que sería más que aconsejable que se empezara ya por definir las carteras de servicios correspondientes y, como parte esencial, debe garantizarse la independencia técnica, sobre todo en los niveles más vulnerables y sujetos a interpretaciones del sistema y su objeto por distintos agentes sociales, que hacen uso de esta indefinición para modificar y desvirtuarlo.

Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz

Badajoz, 16 de junio de 2020