El pasado 18 de junio el Colegio remitió un escrito a Diputación, FEMPEX y Junta de Extremadura para trasladarles la situación de desprotección en la que se encuentran los profesionales de Trabajo Social con ejercicio profesional en los Servicios Sociales de Atención Social Básica en los ayuntamientos de la región y, concretamente en la provincia de Badajoz, en relación con la entrada en vigor de la Ley 12/2023 de 24 de mayo, de Derecho a la Vivienda. En aplicación de esta norma, se están requiriendo a los Servicios Sociales de Atención Social Básica, la emisión de informes o documentos acreditativos de la situación de vulnerabilidad económica y/o social, procedimientos muy complejos y que requieren un sobreesfuerzo de este colectivo.

El Sistema Público de Servicios Sociales en Extremadura, cuenta con amplia regulación y desarrollo normativo sobre las competencias de la Junta de Extremadura, diputaciones provinciales y corporaciones locales en esta materia. En este sentido, y desde nuestro colectivo, exponemos la necesidad de estudiar por parte de estas administraciones, la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento jurídico específico en esta materia que facilite y favorezca el ejercicio profesional y calidad en los servicios prestados desde los Servicios Sociales de Atención Social Básica.

Así, y aludiendo a los principios de coordinación y cooperación que deben regir la actuación de estas administraciones,  queremos iniciar un trabajo conjunto con las tres administraciones que facilite la consecución de este objetivo.